Palabras clave
prevención de lavado de dinero
trazabilidad financiera
Resumen
La consolidación de la figura del beneficiario controlador en el sistema antilavado mexicano, derivada de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de 2025, constituye un punto de inflexión en la prevención y el combate de operaciones con recursos ilícitos. Los estándares internacionales emanados de instrumentos como la Convención de Viena de 1988, la Declaración de Basilea y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera conforman el marco normativo global que exige transparencia en la titularidad real. En el ámbito nacional, la LFPIORPI presentaba limitaciones históricas en la definición de beneficiario final, lo que motivó una solución transitoria mediante su aproximación conceptual al beneficiario controlador previsto en la reforma al Código Fiscal de la Federación de 2022. La reforma de 2025 introduce una noción uniforme y jurídicamente operativa que fortalece la trazabilidad de las estructuras societarias, incrementa la eficacia del sistema preventivo y alinea el régimen mexicano con las mejores prácticas internacionales. En este sentido, la homologación conceptual se erige como un componente estructural para preservar la integridad del sistema financiero y prevenir la utilización de estructuras societarias y figuras jurídicas en actividades ilícitas.
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