Tillería Pérez, Daniel y Carlos Alfredo da Silva. Viaje al corazón de Corpus Christi. Los ejecutados políticos de Pedro Donoso 582-A. Santiago de Chile: RIL Editores, 2026, 252 pp.
Nombrar la violencia, comprender el poder y disputar el tiempo: una lectura crítica de Viaje al corazón de Corpus Christi
Por EZEQUIEL FABRICIO BAROLIN[1]
La recuperación de las experiencias de violencia política es uno de esos desafíos que ninguna sociedad que haya atravesado un proceso autoritario puede eludir del todo. Pero no se trata únicamente de reconstruir acontecimientos, señalar responsables o documentar víctimas. Hay algo más escurridizo y, al mismo tiempo, más decisivo: las formas en que una sociedad nombra lo ocurrido, las categorías con las que interpreta la brutalidad y la manera en que esos hechos del pasado siguen interviniendo sobre el presente, a veces de formas que no resultan evidentes.
La memoria, en ese sentido, no es un depósito inerte. Es un terreno en disputa, donde se encuentran, y muchas veces chocan, la política, la historiografía y la moral. Viaje al corazón de Corpus Christi. Los ejecutados políticos de Pedro Donoso 582-A, de Daniel Tillería Pérez y Carlos Alfredo da Silva (RIL Editores, 2026), se ubica precisamente en ese terreno. El libro reconstruye lo que se conoció —o se quiso conocer— como la Matanza de Corpus Christi, ocurrida en Santiago los días 15 y 16 de junio de 1987, y centra su atención en los siete jóvenes ejecutados dentro de la casa de Pedro Donoso 582-A.
La investigación me parece relevante por dos razones. La primera es relativamente evidente: recupera un episodio represivo que, como señalan los propios autores, había quedado desplazado frente a otros acontecimientos de la dictadura en la producción historiográfica chilena. La segunda me parece más importante: el libro no se limita a reconstruir los hechos, sino que cuestiona la narrativa oficial con la que la dictadura intentó justificarlos, presentando las muertes como el resultado de un enfrentamiento entre fuerzas estatales y miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Es a partir de esta tensión que propongo leer el libro. Me interesa hacerlo desde tres dimensiones que aparecen constantemente relacionadas a lo largo de la obra: la dimensión semántica, la dimensión ontológica y la dimensión temporal.[2] La primera nos lleva a preguntarnos cómo se nombra la violencia y qué efectos tiene esa forma de nombrarla. La segunda obliga a mirar qué nos dice esa violencia sobre la naturaleza del poder y del Estado. La tercera plantea una pregunta menos evidente: ¿cuándo termina realmente un acontecimiento de violencia política?
No son tres problemas separados. Por el contrario, uno conduce al otro. La manera en que nombramos la violencia condiciona nuestra comprensión del poder que la produjo; esa comprensión influye en las responsabilidades que atribuimos y, finalmente, en aquello que una sociedad decide recordar y transmitir.
El problema del nombre: la dimensión semántica
Una de las primeras cosas que uno encuentra al abrir el libro es una cuestión que, a simple vista, podría parecer solamente terminológica: ¿cómo llamamos a lo que ocurrió?
Los autores enfrentan dos denominaciones que difícilmente podrían ser más diferentes. Por un lado, “Operación Albania”, el nombre utilizado por los organismos represivos. Por otro, “Matanza de Corpus Christi”, concepto que los autores reivindican para nombrar los acontecimientos. Y no, no es una cuestión de mera terminología.
Decir “Operación Albania” no es inocente. La expresión remite a una operación de inteligencia, a un operativo militar, a una confrontación con un enemigo. Permite, de alguna manera, colocar los hechos dentro de una lógica de enfrentamiento. “Matanza de Corpus Christi”, en cambio, cambia el centro de gravedad: pone en primer plano a las víctimas y la brutalidad ejercida contra ellas.
Aquí aparece uno de los problemas que considero más interesantes del libro. Las palabras no solamente describen lo ocurrido. También producen una determinada interpretación de aquello que ocurrió. Una ejecución puede convertirse en un enfrentamiento; una víctima puede transformarse en un “terrorista”; un asesinato puede presentarse como el resultado inevitable de una operación contra un enemigo.
Los autores muestran que esta disputa por el significado estuvo acompañada por el papel de los medios de comunicación, muchos de los cuales reprodujeron la versión oficial y calificaron a los jóvenes como “terroristas” o “subversivos”. Esa clasificación no era un detalle. Ayudaba a construir una determinada percepción pública de las víctimas y, al mismo tiempo, dificultaba cualquier cuestionamiento sobre la responsabilidad estatal.
Por eso, el problema de la memoria no consiste solamente en recordar u olvidar. También está en juego cómo se recuerda. Una misma muerte puede ser presentada como ejecución, asesinato, enfrentamiento o acto de guerra. Cada palabra implica una lectura distinta de lo ocurrido y, sobre todo, una distribución diferente de responsabilidades.
Nombrar, al final, también es atribuir responsabilidades.
La violencia como problema ontológico del poder
Si la dimensión semántica nos lleva a preguntar cómo nombramos la violencia, el segundo eje nos obliga a ir un poco más lejos: ¿qué revela esa violencia acerca del poder que la produjo?
En este punto, Tillería y da Silva no presentan la Matanza de Corpus Christi como un episodio aislado. Los hechos de junio de 1987 aparecen relacionados con una trayectoria previa de persecuciones, allanamientos, seguimientos y otras muertes que la dictadura presentó, una y otra vez, como “enfrentamientos”.
La repetición importa. Porque cuando determinadas formas de violencia aparecen de manera recurrente, resulta difícil seguir explicándolas como simples excesos individuales o como acontecimientos excepcionales. Empieza a aparecer una lógica. Y esa lógica plantea una pregunta que me parece central: ¿qué ocurre con la naturaleza de un Estado cuando la violencia deja de ser una excepción y comienza a funcionar como un mecanismo habitual de gobierno?
Aquí el problema ya no es solamente qué ocurrió en Pedro Donoso 582-A. La cuestión es qué tipo de relación entre Estado, poder y sociedad hizo posible que aquello ocurriera. El terrorismo de Estado supone algo más que el uso extraordinario de la fuerza. Supone también una construcción previa del adversario. Antes de ser eliminado físicamente, el opositor es construido como amenaza. Es presentado como alguien que ya no pertenece plenamente a la comunidad política y cuya eliminación puede llegar a justificarse en nombre de la seguridad, del orden o de la defensa del Estado.
Esta transformación del adversario en enemigo resulta fundamental para comprender la violencia que atraviesa el libro. El opositor deja de aparecer como un ciudadano con el que existe un conflicto político y comienza a ser tratado como un blanco legítimo de la represión. Los jóvenes de Pedro Donoso 582-A encarnan esta lógica. El libro los sitúa dentro de un contexto de organizaciones juveniles y territoriales que, durante los años ochenta, desafiaban las pretensiones de continuidad del régimen. La juventud, por lo tanto, no aparece solamente como un dato biográfico. Tiene también una dimensión política.
Y hay algo más. La violencia no termina en las personas que fueron asesinadas. También produce efectos sobre quienes permanecen. El miedo funciona como mecanismo de disciplinamiento social: modifica comportamientos, reduce los márgenes de acción y transmite un mensaje que va mucho más allá de las víctimas directas.
La violencia, en este sentido, permite mirar el poder desde otro lugar. No solamente desde sus instituciones formales, sino desde su capacidad para decidir quién puede ser considerado enemigo, quién pertenece a la comunidad política y hasta dónde puede llegar el Estado en el ejercicio de la fuerza.
Pedro Donoso 582-A: cuando una casa se convierte en testigo
Hay otro elemento que merece detenerse a mirar: el espacio. La casa de Pedro Donoso 582-A no funciona en el libro como un simple escenario donde “pasaron” los hechos. La casa forma parte de la historia que se intenta reconstruir. Antes de junio de 1987 era una vivienda familiar; durante la operación se convirtió en el lugar donde fueron ejecutados los jóvenes; después, pasó a formar parte de la memoria de la violencia política. Décadas más tarde, sigue siendo objeto de investigación.
La relación personal de Daniel Tillería Pérez con ese espacio vuelve todavía más interesante el problema. El autor había vivido en la casa hasta pocos meses antes de la matanza y conoció lo sucedido mientras se encontraba en Argentina. Esto plantea una cuestión metodológica que el libro no puede evitar, y que tampoco intenta ocultar: ¿qué ocurre cuando el investigador tiene una relación personal con aquello que investiga?
La respuesta, en este caso, no consiste en descartar la memoria personal en nombre de una supuesta neutralidad. El recuerdo puede ser el punto de partida de una investigación, siempre que después sea puesto en relación con testimonios, documentos, archivos, prensa y otras evidencias.
Ahora bien, esa cercanía también exige cuidado. El lector necesita poder distinguir cuándo se está ante una experiencia personal, cuándo ante el testimonio de otra persona y cuándo ante una inferencia construida a partir de documentos.
El libro circula entre esos registros con bastante soltura, aunque en algunos momentos habría sido útil hacer más explícitas esas diferencias. No considero que sea un problema grave. Es, más bien, una tensión propia de cualquier investigación sobre memoria reciente, donde la subjetividad del investigador y el archivo difícilmente pueden mantenerse completamente separados.
La persistencia del acontecimiento: la dimensión temporal
El tercer eje es, quizá, el que abre la pregunta más difícil: ¿cuándo termina realmente un acontecimiento de violencia política? Si seguimos el calendario, la respuesta parece sencilla. La Matanza de Corpus Christi ocurrió en junio de 1987. La dictadura terminó en 1990. El acontecimiento pertenece, entonces, al pasado. Pero el libro obliga a dudar de esa respuesta.
Han pasado casi cuatro décadas y los autores continúan reconstruyendo los hechos. La casa permanece, los testimonios circulan, los documentos siguen siendo revisados y el significado de la matanza continúa en disputa. Los propios autores señalan que el caso no está completamente cerrado. Esto obliga a separar dos cosas que solemos confundir: el final institucional de un régimen y el final histórico de sus efectos.
Una dictadura puede terminar. Sus consecuencias no necesariamente.
Las heridas sociales no siguen el calendario político. Tampoco lo hacen las memorias, los silencios o las preguntas que quedan sin respuesta. Por eso, el hecho de que casi cuarenta años después siga siendo necesario reconstruir lo ocurrido constituye, en sí mismo, una evidencia de que el acontecimiento continúa interviniendo en el presente.
En este punto, el libro vuelve sobre la cuestión de la juventud. Los autores comparan aquellas generaciones movilizadas de los años ochenta con generaciones contemporáneas más fragmentadas y con formas diferentes de organización colectiva. La comparación permite pensar la represión no solamente en términos de las vidas que fueron eliminadas, sino también de las trayectorias políticas y colectivas que quedaron interrumpidas.
La violencia puede matar personas. Pero también puede destruir organizaciones, romper trayectorias y cerrar posibilidades de futuro. Ahí aparece la dimensión temporal de la violencia: sus efectos pueden extenderse mucho más allá del momento en que se produce.
Memoria, negacionismo y democracia
Los tres ejes anteriores terminan encontrándose en una cuestión más amplia: la relación entre memoria y democracia.
Para Tillería y da Silva, investigar la Matanza de Corpus Christi no es un ejercicio arqueológico. Es también una forma de enfrentar el negacionismo y evitar que las violaciones a los derechos humanos sean relativizadas por el paso del tiempo. La memoria aparece como una práctica que reclama verdad y justicia.
El problema adquiere una dimensión particular cuando una parte importante de la población nació después de los acontecimientos. La distancia generacional puede contribuir al olvido. Por eso, la transmisión de la memoria se vuelve una cuestión política.
No basta con conservar documentos en archivos. Es necesario que esos documentos puedan ser leídos, discutidos e incorporados a las formas en que las nuevas generaciones comprenden su propia historia.
En ese sentido, el libro realiza una especie de pedagogía de la memoria. No se limita a condenar la dictadura. También intenta desmontar las formas discursivas mediante las cuales se construyó una explicación capaz de justificar la violencia.
La memoria, entonces, no es solamente homenaje. También puede ser una forma de defensa de la democracia y del Estado de derecho.
A modo de balance
Valoro especialmente la capacidad del libro para articular fuentes que habían permanecido dispersas y convertir un espacio concreto -Pedro Donoso 582-A- en una puerta de entrada a problemas mucho más amplios de la historia política chilena y latinoamericana.
Al mismo tiempo, como toda investigación que adopta una posición clara frente a su objeto, el libro presenta algunas tensiones. La más evidente tiene que ver con su posicionamiento explícitamente comprometido. Los autores no buscan una neutralidad distante frente a la violencia de Estado. Políticamente, esto me parece comprensible. Historiográficamente, sin embargo, exige al lector una atención especial sobre los distintos niveles de evidencia.
No es lo mismo una denuncia que una prueba documental. Tampoco es lo mismo un testimonio que una inferencia del investigador. En buena parte del libro estos elementos se articulan de manera convincente, aunque en algunos pasajes considero que la distinción podría ser más clara.
Algo parecido ocurre con algunas de las interpretaciones sobre las motivaciones del aparato represivo. Son sugerentes y están bien construidas, pero también dejan espacio para que futuras investigaciones las contrasten con mayor documentación de archivo.
Esto no invalida el trabajo. De hecho, considero que una de las virtudes del libro está precisamente en no pretender tener la última palabra. Deja preguntas abiertas y, con ello, mantiene vivo el problema.
El pasado como cuestión del presente
Al cerrar la lectura, vuelvo a los tres ejes planteados al comienzo. La dimensión semántica nos muestra que la disputa comienza con las palabras: cómo llamamos a la violencia y qué significado adquiere a partir de ese nombre. La dimensión ontológica lleva la pregunta hacia el poder: qué tipo de Estado puede construir a determinados sujetos como enemigos y utilizar la violencia contra ellos como mecanismo de control. La dimensión temporal, finalmente, obliga a preguntarnos cuándo termina un acontecimiento de violencia política. Porque si sus efectos continúan en las memorias, en las familias, en las generaciones posteriores y en las disputas por su significado, entonces quizá no sea suficiente decir que terminó cuando dejaron de ocurrir los hechos.
Los tres problemas se encuentran. La manera en que nombramos la violencia condiciona nuestra comprensión del poder que la produjo. Esa comprensión determina, en parte, las responsabilidades que atribuimos. Y esas responsabilidades influyen en aquello que una sociedad decide recordar, transmitir o incluso olvidar.
El libro habla de Chile, pero las preguntas que plantea exceden ampliamente ese caso. ¿Cómo han nombrado las sociedades latinoamericanas las violencias de sus dictaduras? ¿Qué ocurre cuando los Estados intentan hacer pasar ejecuciones por enfrentamientos? ¿Cuándo termina realmente una dictadura, si sus efectos permanecen en las estructuras sociales y en los imaginarios colectivos? ¿Puede una sociedad considerarse plenamente democrática mientras continúa disputando el reconocimiento de sus violencias pasadas?
Estas preguntas permiten tender puentes entre experiencias históricas diferentes -la argentina, la chilena y la mexicana -sin borrar sus especificidades. Y quizá ahí se encuentra la principal virtud de Viaje al corazón de Corpus Christi: no ofrecer una respuesta definitiva, sino obligarnos a volver sobre aquello que todavía no está resuelto. Investigar, recordar, recuperar las voces de las víctimas y discutir las narrativas construidas desde el poder son formas de mantener abierta esa disputa.
Porque el pasado no desaparece simplemente porque haya quedado atrás en el calendario. A veces permanece precisamente allí donde una sociedad todavía no ha terminado de preguntarse qué ocurrió, cómo debe nombrarlo y qué significa recordarlo.