GUERRERO: ENTRE LA ENCRUCIJADA DE LAS
DESIGUALDADES Y EL DESARROLLO SOCIAL
Guerrero: At the Intersection of Inequality and Social Development
PORFIRIO LEYVA MUÑOZ[1]
FECHA
DE RECEPCIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACEPTACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2025
RESUMEN
La investigación analiza la persistencia de las desigualdades sociales en el Estado de Guerrero desde un enfoque histórico, sociológico y administrativo. Explica que las desigualdades no sólo están relacionadas con la pobreza económica, sino que también tienen orígenes de factores estructurales como la herencia colonial, la debilidad institucional, la fragmentación territorial y la distribución desigual del poder político, entre otros factores. Con el apoyo de las teorías clásicas y de los enfoques contemporáneos de la administración pública se sostiene que Guerrero presenta una doble condición, por un lado, una larga historia de exclusión y, por otro lado, una serie de modelos de gestión pública que han tenido resultados limitados en el desarrollo local, en donde la desigualdad es más visible en zonas rurales y con población indígena. Finalmente, se proponen rutas de transformación basadas en la diversificación económica, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y políticas públicas enfocadas en derechos humanos.
ABSTRACT
The research examines the persistence of social inequalities in the state of Guerrero through a historical, sociological, and administrative lens. It argues that these inequalities are not limited to economic poverty, but also originate from structural factors such as the colonial legacy, institutional weakness, territorial fragmentation, and the unequal distribution of political power, among other determinants. Drawing on classical social theory and contemporary approaches to public administration, the study contends that Guerrero faces a dual condition: on the one hand, a long-standing history of exclusion, and on the other, a series of public management models that have produced limited results in local development, particularly in rural areas and communities with Indigenous populations where inequality is most pronounced. Finally, the research proposes pathways for transformation based on economic diversification, institutional strengthening, citizen participation, and public policies grounded in human rights.
Palabras clave: desigualdades, guerrero, administración pública.
Introducción
El estado de Guerrero históricamente ha sido una de las entidades más complejas del sur de México, marcado por la pobreza estructural, la marginación, la migración, el desplazamiento forzado por la violencia, el rezago educativo y la precariedad social debido a la persistencia de desigualdades sociales, económicas y políticas heredadas desde la época colonial. En pleno siglo XXI, Guerrero enfrenta una enorme encrucijada que invita a reflexionar respecto de las enormes complejidades que han marcado la dinámica social y, por otro lado, a proponer rutas orientadas a la transformación social y el desarrollo sostenible e incluyente, combinando la fuerza de las políticas públicas gubernamentales con la participación ciudadana.
La relevancia de este análisis radica en problematizar la dualidad entre desigualdad y cambio estructural en Guerrero, planteando la necesidad de un análisis integral que articule los aportes de la teoría social clásica y la contemporánea, para contrastar con las dinámicas actuales. Al respecto, autores como Karl Marx[2] señaló que la desigualdad social tiene raíces en la estructura económica; por su parte, Max Weber[3] subrayó la importancia del poder y el estatus en la estratificación social. Por su parte, Durkheim[4] explicó que la cohesión social es fundamental para superar divisiones. En la perspectiva actual Piketty[5] plantea marcos para comprender la relación entre desarrollo humano, distribución del ingreso y equidad.
El presente trabajo tiene como propósito analizar la persistencia de las desigualdades sociales en Guerrero y explorar las rutas hacia la transformación integral y el desarrollo en el siglo XXI. En ese sentido, la pregunta que abre esta reflexión indaga sobre cuáles son los principales factores que explican la persistencia de las desigualdades sociales en Guerrero y que rutas de transformación pueden trazarse para impulsar un desarrollo inclusivo, bajo la comprensión que la persistencia de las desigualdades sociales en Guerrero se explica por la interacción de factores históricos, políticos y económicos que han limitado la consolidación de un modelo de desarrollo incluyente. No obstante, mediante el fortalecimiento institucional, la innovación en políticas públicas y la participación social organizada, es posible abrir rutas hacia un proceso de modelo de desarrollo social.
Este diseño metodológico no busca ofrecer resultados estadísticos exhaustivos, sino una reflexión crítica apoyada en fuentes teóricas y documentales, empleando una revisión bibliográfica de autores clásicos de la teoría social como Marx, Weber, Durkheim, entre otros, así como enfoques de autores contemporáneos sobre interpretaciones de la realidad socioeconómica subnacional, a partir de categorías como exclusión, desigualdad, capital humano, desarrollo y políticas públicas, cohesión social y participación ciudadana. El análisis se complementa con el estudio de indicadores socioeconómicos recientes publicados por el INEGI y la CEPAL.
Teorías de las desigualdades sociales
El concepto de desigualdad social propuesto por Durkheim[6], en los términos económicos o marxistas, abordó implícitamente la división del trabajo social, la solidaridad y la moral colectiva, sostiene que las desigualdades no son, por sí mismas, disfuncionales o injustas, sino que son parte del orden social siempre que respondan a méritos y funciones reales dentro de la estructura colectiva. En una sociedad moderna, donde predomina la solidaridad orgánica, las diferencias en ocupación, educación y estatus surgen de la especialización funcional. En cambio, cuando la desigualdad no se basa en el mérito o la capacidad, sino en privilegios heredados o coerción, aparece el estado anómico (falta de normas claras) y la desintegración social.
La desigualdad es legítima cuando refleja la diversidad funcional, es injusta cuando refleja la ruptura de la moral colectiva. Durkheim[7] afirmaba que toda sociedad necesita un sistema moral compartido que regule los deseos individuales y mantenga la cohesión. Cuando la economía y el individualismo exceden los límites morales, las desigualdades se vuelven patológicas, por ello hablaba de anomia social, una enfermedad moral de la modernidad donde el deseo de acumulación sin freno rompe la integración social. Así, las desigualdades no se eliminan, sino que se regulan moralmente para mantener la cohesión y el sentido de justicia. Es decir, como parte natural de la organización social que solo se vuelve disfuncional cuando deja de cumplir la función moral y social.
El enfoque durkheimiano establece que el origen de la desigualdad deriva en la división del trabajo y la diferenciación funcional del orden social. Desde una visión de política pública, inspiraría la formulación de un Estado moral y regulador, cuya función no sería eliminar las diferencias entre la población, sino asegurar las condiciones que garanticen la cohesión social, la justicia distributiva y la educación moral colectiva. Bajo este enfoque, las desigualdades deben mantenerse dentro de lo normativo y ético.
En este mismo sentido, Robert K. Merton[8], profundiza en la noción de función y anomia al considerar que los sistemas sociales tienen la cualidad de generar tensiones estructurales cuando se presenta una disociación entre las metas culturalmente definidas y los medios legítimos para alcanzarlas, de tal manera que la desigualdad estructural muchas veces no sólo es propiciada por el sistema, sino que cumple algunas funciones en la reproducción del orden, por lo tanto, para alcanzar los fines sociales, de una manera legítima, se requiere que estos mecanismos se encuentran ampliamente distribuidos en la sociedad.
Otro de los teóricos que interpretó la desigualdad como un mecanismo de estratificación funcional fue Talcott Parsons, donde las recompensas y jerarquías incentivan el desempeño y el mérito. La desigualdad, de acuerdo con su aportación, se legitima en la medida en que promueve la productividad, que incentiva el mérito individual y contribuye al mantenimiento del orden social, no obstante, se le critica por su tendencia a naturalizar las asimetrías y minimizar el conflicto estructural, es decir, no concibe la desigualdad como un mal moral sino como un mecanismo funcional que permite la estabilidad y el cumplimiento de los roles sociales, bajo esta óptica, desarrolló una visión sistémica y funcionalista de la sociedad, un conjunto de subsistemas interdependientes (económico, político, cultural, familiar) que cooperan para mantener el equilibrio[9].
Bajo esta lógica, la desigualdad no es necesariamente un fallo, sino una condición funcional del orden social. Toda sociedad debe establecer criterios de diferenciación y jerarquía que asignen a los individuos posiciones y funciones necesarias para la estabilidad del sistema. Esta teoría considera que las desigualdades surgen de la diferenciación funcional. Es decir, no todos pueden ni deben ocupar los mismos roles al mismo tiempo, ya que el sistema requiere especialización y coordinación. Esta diferenciación produce estratificación social y la define como una distribución desigual de valores sociales reconocidos (prestigio, poder, riqueza). La desigualdad no destruye el orden, lo hace posible si se percibe como legítima y moralmente justificada en toda sociedad moderna.
El punto crucial no es la desigualdad en sí, sino su legitimación a través de valores culturales compartidos. Cada sociedad tiene un sistema de valores que determina qué posiciones son más valiosas que otras; por ejemplo, el éxito económico en Estados Unidos. Cuando los individuos aceptan esos valores, el sistema se mantiene estable. Si los valores se erosionan pierden legitimidad, aparece la tensión sistémica (conflicto, cambio social). La desigualdad no se mantiene por coerción, sino por consenso normativo. Toda sociedad debe llenar ciertas posiciones funcionales, estas posiciones requieren diferentes habilidades y responsabilidades para atraer a los individuos más capacitados, el sistema ofrece recompensas desiguales (estatus, poder, ingreso).
El enfoque parsoniano fue ampliamente criticado al legitimar las desigualdades estructurales. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría administrativa y política, Parsons[10] ofrece una lectura muy útil, al establecer que la desigualdad no desaparece mediante decreto, sino mediante la reformulación de los valores y roles que la legitiman. Las políticas públicas deben buscar equilibrio funcional, no uniformidad absoluta, toda vez que la desigualdad motiva el esfuerzo y asegura la eficiencia social.
Por otro lado, destaca la posición de Karl Marx[11] que, desde su teoría del materialismo histórico, considera que la desigualdad no es funcional ni natural, sino una consecuencia estructural de la propiedad privada y la división de clases. Las desigualdades sociales surgen de la apropiación del excedente económico por parte de la clase dominante, lo que reproduce un sistema de dominación ideológica, política y económica. La desigualdad es el síntoma visible de un conflicto más profundo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción Desde este enfoque, la desigualdad se interpreta como producto histórico de relaciones de poder que pueden y deben transformarse, es decir, las entiende como estratificación social tridimensional.
Siguiendo a Max Weber[12] toda sociedad se organiza en torno a la producción de bienes materiales, y las formas de propiedad sobre los medios de producción que determinan las clases sociales y sus relaciones de poder. La historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. La desigualdad social surge porque en el sistema capitalista unos pocos (la burguesía) son dueños de los medios de producción (tierra, fábricas, capital). La mayoría (el proletariado) sólo posee su fuerza de trabajo, que debe vender para sobrevivir. Esa relación genera una forma de explotación estructural.
El trabajador produce más valor del que recibe en salario, y esa diferencia, la plusvalía, es aprovechada por el capitalista. La desigualdad, no es moral ni accidental, sino el mecanismo que permite la acumulación del capital. Esta acumulación de riqueza en un polo, al mismo tiempo se produce acumulación de miseria en el polo opuesto.
La ideología del sistema capitalista legitima las desigualdades mediante ideas, valores y estructuras jurídicas que las presentan como naturales o inevitables, la propiedad privada aparece como un derecho natural. El Estado actúa como instrumento de dominación de clase, asegurando la continuidad del sistema. En otras palabras, la desigualdad no sólo se impone por la fuerza económica, sino también por la hegemonía cultural e institucional. Marx[13] no se conforma con diagnosticar; propone una salida: la transformación revolucionaria del modo de producción. La abolición de la propiedad privada de los medios de producción. La construcción de una sociedad sin clases, donde el principio rector sea, de cada cual según su capacidad; a cada uno según sus necesidades.
Por otro lado, autores como Anthony Giddens[14] retoma y amplía las categorías weberianas sobre todo aquellas que amplían el análisis del poder y las estructuras sociales, para explicar cómo los actores sociales se insertan en sistemas de dominación que son articulados por recursos tanto materiales como simbólicos, lo cual intensifica la incertidumbre y transforma las dinámicas clásicas de la desigualdad como son: el acceso desigual al conocimiento, la tecnología y la autonomía.
Por su parte, Ralf Dahrendorf[15] retoma la teoría del conflicto social para proponer que este surge no sólo de la propiedad de los medios de producción sino del control del poder autoritario dentro de las instituciones, por lo que las relaciones del poder están presentes en todos los niveles sociales: familia, educación, trabajo y política. A través del análisis de los roles sociales del poder enfatiza que el conflicto es constitutivo del orden social y puede ser el motor del cambio institucional y político, por lo que es importante centrar la atención en el análisis de la distribución del poder en las sociedades modernas para romper con las estructuras que sostienen la desigualdad social.
En resumen, las teorías desarrolladas en este apartado ofrecen un marco analítico para comprender las desigualdades sociales más allá del origen económico, sino a través de las dinámicas sociales que entrelazan categorías como el poder, el estatus social, la cultura, el conflicto institucional y las determinaciones simbólicas que entretejen las estructuras de exclusión que persisten en el siglo XXI.
Perspectiva actual de la administración pública contemporánea
Los abordajes teóricos en contextos europeos que propusieron Marx[16], Weber[17] o Durkheim[18] son trascendentales para el análisis de la realidad social moderna, en los contextos latinoamericanos el análisis de la administración pública y la desigualdad social dirige la reflexión en torno a la conformación del Estado y las dinámicas burocráticas que han permeado trayectorias históricas caracterizadas por la centralización del poder y la persistencia de élites locales que han asumido el control de la distribución de oportunidades. En este sentido, aún persisten antiguas desigualdades estructurales que no han sido resueltas y que se reconfiguran en los marcos institucionales del siglo XXI.
Por otro lado, el contexto latinoamericano parte de otras premisas para el análisis de la administración pública, por ejemplo, Brinks, Levitsky, & Murillo[19] sostienen que la debilidad del Estado en América Latina se debe a los arreglos institucionales que privilegian a determinados grupos del poder, lo que deriva en estrategias públicas fragmentadas e incapaces de responder de manera equitativa a las necesidades de la población, en este mismo sentido, Dargent[20] parte del análisis que las élites tecnocráticas en países como Perú y México operan dentro del Estado, sin que cuenten con medios de producción tradicionales, pero acumulan el poder a través de redes burocráticas que a su vez sostienen la legitimidad del poder, pero la burocracia extendida remarca las desigualdades sociales.
Las teorías contemporáneas de la administración pública sostienen su preocupación por profundizar en la distribución equitativa del poder, con el propósito que la distribución de recursos está enmarcada en principios de máxima transparencia, a través de un diseño institucional menos robusto, de modelos de gestión pública innovadores y con un marco jurídico sólido, capaz de reproducir y transformar las desigualdades sociales fuertemente marcadas en países como México.
Para identificar este proceso de evolución es importante revisar los paradigmas de la administración pública. El New Public Management (NPM) fue un enfoque gubernamental que surgió a finales de la década de 1970 y adquirió mayor presencia entre 1980 y 1990 fundamentalmente en países anglosajones, su propósito se basó en transformar la manera de organizar y evaluar la acción gubernamental incorporando prácticas del sector privado para mejorar la eficiencia del servicio público.[21] El fin último de este modelo era transformar el Estado burocrático tradicional en una administración más flexible y gerencial.
A pesar de la relevancia del modelo, las dinámicas sociales, económicas y tecnológicas del siglo XXI marcaron importantes dificultades para ponerse en marcha porque el modelo gerencial no pudo responder adecuadamente a los problemas públicos, debilitando las capacidades estatales Para hacer frente a problemas como la desigualdad estructural, la pobreza, violencia, crisis climática, entre otros aspectos.
El modelo de la NPM evolucionó hacia la Nueva Gestión Pública (NGP) que tuvo sus orígenes a finales de 1990, el cual se presentó con una dinámica conceptual moderna que privilegió, redes de colaboración y participación ciudadana, en donde los diversos actores sociales deben participar en redes, con la finalidad de resarcir las desigualdades y fortalecer el acceso a la información y la capacidad de incidencia en las decisiones de manera colectiva, con el fin de aminorar la centralización de poder.
Al respecto, Popęda & Hadasik[22] (2025) destacan que el modelo de la NGP no ha logrado funcionar como un esquema unificado porque aún falta mayor claridad conceptual en lo que se relaciona con el alcance y criterios operativos, a pesar del potencial significativo para renovar la práctica administrativa, la legitimación enfrenta dificultades sobre todo en donde los mecanismos y criterios de evaluación deben aplicarse en contextos donde las complejidades sociales demandan procesos más dinámicos y operativos.
Ante las dificultades que enfrenta la estandarización del modelo de la NGP emerge una nueva propuesta el Estado Neo-weberiano (NWS) que consiste en un modelo contemporáneo de administración pública que retoma algunos principios del Estado burocrático de Max Weber colocando el Estado como la institución central para garantizar los derechos humanos, mientras que debe mejorar su capacidad administrativa, apoyándose en herramientas contemporáneas, sin que esto involucre el modelo gerencial anterior. El NWS es relativamente reciente, se ha desarrollado del 2006 al 2010, fundamentalmente en el contexto europeo, una de las principales características que lo distingue es que el Estado es concebido como el garante de la cohesión social y no como un proveedor de servicios.[23]
En la última década, los estudios recientes latinoamericanos han coincidido en que la administración pública se sostiene con tensiones profundas, por un lado, la modernización administrativa y, por otro lado, la prevalencia de desigualdades que impiden la heterogeneidad institucional.[24] La ausencia de profesionalización administrativa y la concentración del poder político generan enormes brechas en la provisión de servicios, en donde los sectores más vulnerables se ven afectados por el limitado alcance que estos pueden tener.
En suma, los modelos de la administración pública apuntan a enfoques que están transformando las dinámicas organizacionales incorporando también las experiencias ciudadanas en el aparato administrativo. El desafío se presenta no solo en describir la propuesta idónea, sino en aplicarlo en contextos que reflejan desigualdades existentes que las instituciones no han podido reducir a través de modelos de gestión, por lo tanto, el estudio de la administración pública contemporánea es esencialmente indispensable en contextos complejos.
La administración pública en México
En el contexto mexicano, la atomización pública se encuentra en la dinámica de transitar hacia la modernización institucional, pero aún permanecen una serie de prácticas heredadas por los gobiernos antecesores que están relacionadas con la fragmentación burocrática, el clientelismo extendido y una enorme debilidad en el servicio profesional de carrera. Estos elementos dificultan enormemente la construcción de un esquema administrativo eficiente.
México se ha caracterizado históricamente por la adaptación de los paradigmas de la administración pública a las realidades sociopolíticas y económicas que cada gobierno ha marcado, particularmente en los últimos tres sexenios presidenciales, 2006, 2012 y 2018, en donde la modernización de administrativa ha mostrado una atención constante, por un lado, la persistencia del modelo tradicional burocrático weberiano y, por otro lado, la incorporación de los postulados de la nueva gestión pública y recientemente, el enfoque centrado en la austeridad republicana y el bienestar social.
La administración mexicana gira en torno a procesos de transición en donde los modelos se han adaptado a las dinámicas políticas y sociales internas. En este sentido, la modernización no es un proceso homogéneo, sino una selección de los medios más adecuados[25] que deben coexistir de manera armónica dentro del sistema político mexicano.
Si revisamos los sexenios 2006-2012, en el Plan Nacional de Desarrollo (2007) estableció la modernización administrativa dentro del eje de gobierno de calidad a través de la profesionalización del servicio público, incorporando la evaluación del desempeño como mecanismo deficiencia administrativa. La adaptación del modelo de la NGP tuvo limitaciones significativas de acuerdo con Pardo[26] esto se debió fundamentalmente al nombramiento del personal sin apego a los criterios de profesionalización de acuerdo con las descripciones de puesto, esto amplió los márgenes de discrecionalidad y limitó la cultura del desempeño profesional.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto, la literatura académica muestra la combinación de elementos gerenciales con un discurso de gobierno abierto y gobernanza; se plantearon reformas estructurales impulsadas bajo el Pacto por México que mostraron una transformación a los marcos regulatorios dirigidos a modernizar la economía y la administración pública,[27] sin embargo, las reformas no lograron superar las limitaciones estructurales derivadas de las políticas clientelares fuertemente arraigadas en la cultura administrativa mexicana y, al término del sexenio, la polarización se agudizó ante la existencia de actos de corrupción a gran escala, como fue el caso de la Casa Blanca y los desvíos detectados en programas específicos, como la Cruzada Contra el Hambre, que pusieron en duda, la integridad y eficiencia del sistema administrativo, además del abuso discrecional de los recursos públicos.
El sexenio de López Obrador (2012-2024) se caracterizó por la ruptura del Neoliberalismo y el Modelo de Austeridad Republicana[28] que fue marcada desde su Plan Nacional de Desarrollo estableciendo un quiebre ideológico con las administraciones previas y pasando sus políticas en la NGP. Los principios rectores de este nuevo modelo se centraron en la honradez y la honestidad como base fundamental para el ejercicio de la administración pública. La modernización administrativa priorizó la erradicación de la corrupción y, por otro lado, las acciones públicas se orientaron hacia el bienestar y la justicia social. De esta manera, el modelo de la Cuarta Transformación (4T) se basa en la austeridad republicana y la implementación de programas sociales de bienestar. Autores como Becerra[29] sostienen que la centralización exclusiva en la moral y el ahorro lleva implícito el riesgo de descuidar la capacidad técnica y la gestión orientada a la eficacia en la entrega de bienes y servicios.
En resumen, cada sexenio a privilegiado un modelo de administración distinto, pero siempre se hace presente la ausencia de profesionalización administrativa, en contraste con diversas reformas administrativas que no logran reducir las debilidades institucionales históricas, así como las desigualdades territoriales y el uso político de la burocracia que vulnera el progreso democrático en el país.
Las desigualdades estructurales en Guerrero
La configuración histórica que caracteriza al Estado de Guerrero se sostiene sobre profundas desigualdades persistentes que para explicarlas no es suficiente un análisis de las carencias económicas, sino que es importante revisar los modelos de administración pública que durante décadas han reproducido prácticas institucionales fragmentadas que han mantenido al aparato gubernamental en una pausa extendida. Adicionalmente, el acceso a derechos y servicios se sujeta a las condiciones geográficas, características sociales y las relaciones de poder que fragmentan el diseño institucional y fortalecen la desigualdad social.
Uno de los primeros aspectos a considerar tiene que ver con la desigualdad territorial, porque los modelos de administración pública implementados, no han sido capaces de generar un desarrollo homogéneo entre las regiones del Estado, por ejemplo, Chilpancingo y Acapulco concentran el mayor número de trámites, servicios e infraestructura que moderniza e integra elementos de urbanización, sin embargo, regiones como la Montaña, Costa, Chica y Sierra no cuenta con las capacidades administrativas básicas para la atención ciudadana, adicionalmente de la ausencia de profesionalización servidores públicos en estas regiones profundiza más estas brechas de desigualdad.
Las desigualdades multidimensionales no son solo económicas, sino también políticas (débil capacidad institucional), culturales (brechas étnicas y lingüísticas) y territoriales (urbano-rural). La limitada efectividad de las políticas públicas, a pesar de múltiples programas sociales, la falta de continuidad y evaluación ha reducido su impacto real en los diversos sectores de la sociedad[30].
Adicionalmente, existen dinámicas de organización comunitaria, movimientos sociales y proyectos de innovación local que constituyen oportunidades para el cambio. Los resultados reflejan que Guerrero se encuentra atrapado en una dualidad estructural: por un lado, la reproducción histórica de desigualdades; por otro, la posibilidad de impulsar rutas hacia la transformación. Desde la perspectiva marxista, las desigualdades derivan de una estructura económica excluyente que se reproduce a través de relaciones del poder político local, el cual ha reforzado jerarquías y el clientelismo, contraria a la idea Durkheimiana que habla de la cohesión social como vía para superar divisiones internas.
En el plano contemporáneo, el desarrollo debe entenderse como expansión de libertades, lo cual en Guerrero requiere atender la marginación educativa y la falta de acceso a servicios básicos, sin políticas redistributivas efectivas, la desigualdad tiende a perpetuarse. La evidencia indica que la transformación de Guerrero debe articular políticas públicas incluyentes, fortalecimiento institucional, justicia social y participación ciudadana activa.
La pobreza estructural en Guerrero constituye uno de los fenómenos más persistentes y complejos del desarrollo social en México. Su comprensión requiere un enfoque histórico, político y sociológico, ya que no se trata únicamente de una carencia económica, sino de un sistema arraigado de desigualdades institucionales, territoriales y culturales que limitan las oportunidades de amplios sectores de la población.
A lo largo del siglo XX Guerrero ha sido marginado de los grandes proyectos de industrialización nacional. Su economía se basó en actividades primarias como la agricultura de subsistencia, pesca y minería, con baja productividad y escasa infraestructura. Los procesos de modernización y reforma agraria beneficiaron poco al Estado, consolidando una estructura social dual, es decir, pequeñas élites urbanas con acceso al poder político y amplias mayorías rurales en condiciones de pobreza.
Guerrero se encuentra dentro de los tres Estados más pobres de la República: Pobreza multidimensional el 60.4% de la población aproximadamente 2.4 millones de personas. Pobreza extrema el 23.1%, el doble del promedio nacional (10.1%). Rezago educativo el 25% de la población mayor de 15 años no concluyó la educación básica. Acceso a servicios de salud el 35% carece de cobertura efectiva. Ingreso laboral insuficiente el 70% de la población ocupada gana menos de dos salarios mínimos. Estas cifras reflejan una trampa estructural de pobreza, donde los bajos ingresos, la falta de educación, la débil institucionalidad y la precariedad del empleo se retroalimentan[31].
En el aspecto cultural, la teoría de Bourdieu[32] ayuda a comprender la noción de capital cultural y simbólico para explicar cómo las condiciones de pobreza se heredan intergeneracionalmente, al privar a las familias de herramientas culturales y educativas que faciliten su ascenso social. Para superar la pobreza estructural en Guerrero exige políticas públicas de largo plazo, centradas en el desarrollo regional equilibrado (infraestructura, conectividad y producción local), educación intercultural y de calidad para comunidades indígenas, programas de empleo formal y sustentable, fortalecimiento institucional y combate a la corrupción y atención a mujeres y jóvenes como motores del cambio social.
A continuación, se presenta un resumen del informe de pobreza y evaluación publicado por CONEVAL[33] que muestra la persistencia de las desigualdades estructurales en la población guerrerense. Los indicadores describen un panorama complejo en donde las carencias sociales se entrelazan con procesos históricos, así como el desempeño institucional que restringen el desarrollo social. El informe señala que el 66.4% de la población vive en pobreza multidimensional lo que representa que dos terceras partes de la población de Guerrero vive con al menos una carencia social o ingresos insuficientes. De igual forma, resalta que la dimensión territorial marca una brecha de desigualdad enorme entre la población rural y urbana, el 72.9% de esta pobreza se agudiza en la población rural, si agregamos que la población es hablante de alguna lengua indígena este porcentaje se eleva al 85% de pobreza, por tanto, es evidente la urgencia de diseñar políticas diferenciadas que reconozcan la heterogeneidad territorial que frenan el desarrollo social (véase tabla 1).
Tabla 1. Resumen del informe de la pobreza en Guerrero, 2022
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Indicador / dimensión |
Valor / resultado destacado (2020*) |
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Población en situación de pobreza multidimensional |
66.4 % de la población estatal |
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Población en situación de pobreza extrema |
25.5 % |
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Población vulnerable por carencia social |
21.7 % |
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Población vulnerable por ingresos |
4.0 % |
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Carencia por servicios de salud (prevalencia más alta desde 2018–2020) |
Incremento estadísticamente significativo entre 2018 y 2020 |
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Población en pobreza por ámbito de residencia — rural |
72.9 % |
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Población en pobreza por ámbito de residencia — urbano |
61.7 % |
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Grupos con mayor pobreza — población hablante de lengua indígena |
84.9 % de prevalencia |
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Grupos con alto riesgo — población menor de 18 años |
74.6 % en situación de pobreza |
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Municipios con mayor porcentaje de población en pobreza |
Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Atlixac — porcentajes superiores al 96 % (CONEVAL) |
El informe 2022 usa como base la medición realizada en 2020
Fuente: Elaboración propia con datos extraídos del CONEVAL[34]
En conjunto, este informe muestra que la pobreza en Guerrero es producto de diversos factores, desde los aspectos históricos, territoriales e institucionales que han limitado el adecuado ejercicio de los derechos sociales. Es importante mencionar que los datos recientes del 2024 publicados por el INEGI muestran un ligero descenso de la pobreza en Guerrero. El reporte muestra una disminución al 58.1%, esta tendencia, aunque es positiva no elimina la persistencia de desigualdades profundas que aún subsisten en esta entidad federativa[35].
Rutas hacia la transformación y el desarrollo en Guerrero
El Estado de Guerrero representa uno de los mayores desafíos para el desarrollo nacional, no sólo por sus rezagos estructurales históricos, sino por las profundas desigualdades sociales, económicas e institucionales que han limitado su capacidad de generar bienestar sostenible. Sin embargo, en el contexto del siglo XXI, se abren rutas posibles hacia la transformación, sustentadas en nuevos paradigmas de desarrollo humano, gobernanza democrática y economía del conocimiento. Guerrero ha dependido históricamente de sectores de bajo valor agregado (agricultura de subsistencia, minería extractiva y turismo de enclave).
La transformación requiere transitar hacia un modelo económico diversificado y sostenible, con tres ejes fundamentales: Agroindustria local y economía solidaria: aprovechar la riqueza agroecológica mediante cadenas de valor locales (cacao, café, mango, maíz nativo, mezcal), incorporando tecnología, certificación de origen y cooperativas productivas. Economía del conocimiento: fortalecer universidades regionales y centros de innovación orientados a resolver problemas locales (sequía, suelos degradados, gestión del agua, energías limpias). Turismo sostenible e inclusivo: sustituir el turismo de concentración (Acapulco) por un modelo de turismo cultural, comunitario y ecológico, con gestión social del territorio[36].
El fortalecimiento institucional y gobernanza participativa Es indispensable para la transformación porque no puede lograrse sin instituciones fuertes. Guerrero requiere un replanteamiento del Estado local, basado en transparencia, inclusión y participación ciudadana, combatir la corrupción mediante sistemas digitales de gestión, acceso abierto a la información y auditoría ciudadana.
La gobernanza multinivel implica la coordinación efectiva entre municipios, estado y federación, con énfasis en la planeación territorial. Mientras que la participación ciudadana y comunitaria requiere incorporar asambleas, comités vecinales y consejos consultivos que co-diseñen políticas públicas, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
El desarrollo social debe ser con enfoque de derechos humanos y equidad. La desigualdad en Guerrero no solo es económica: es también educativa, de género, territorial y étnica. La transformación exige un enfoque integral de derechos. La educación de calidad y pertinencia local implica rediseñar los programas educativos para vincularlos con la identidad cultural, la lengua y las necesidades productivas locales. El empoderamiento de mujeres y jóvenes es necesario para impulsar programas de liderazgo político, emprendimiento y formación tecnológica para reducir las brechas intergeneracionales. En relación con la salud y bienestar comunitario requiere fortalecer redes locales de salud con enfoque preventivo y atención intercultural.
En cuanto a la infraestructura estratégica y conectividad requiere no solo física sino digital, como es la conectividad carretera y digital, articular zonas rurales con los polos productivos y educativos mediante carreteras sostenibles y cobertura de internet comunitario. La gestión del agua y energía renovable requiere invertir en presas pequeñas, captación pluvial, sistemas solares y eólicos locales. El ordenamiento territorial sustentable debe controlar la expansión urbana descontrolada y proteger los ecosistemas estratégicos[37].
La identidad guerrerense es rica en diversidad indígena, campesina y mestiza, debe ser motor del desarrollo que incluya la revalorización de las culturas originarias, así como la integración de la cosmovisión indígena en la planeación pública y en los proyectos educativos.
En cuanto a la seguridad humana y pacificación social, la violencia ha sido el obstáculo más visible al desarrollo en Guerrero. La ruta hacia la transformación pasa por una seguridad centrada en las personas, por ejemplo, la cultura de paz debe enfocarse en espacios locales para fortalecer sus redes de incidencia.
Las rutas hacia la transformación en Guerrero exigen romper con el patrón de desarrollo desigual y centralista heredado del siglo XX. No bastan los programas asistencialistas: se requiere una revolución institucional, cultural y económica basada en la participación ciudadana, el conocimiento local y la sustentabilidad. El desarrollo guerrerense del siglo XXI debe entenderse como un proceso endógeno de construcción colectiva, donde el poder público se articule con las comunidades, las universidades y los sectores productivos. En esa alianza se encuentra el verdadero potencial transformador del estado.
Conclusiones
La desigualdad en Guerrero tiene raíces históricas profundas y se manifiesta en dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. Las políticas públicas cuando no son integrales ni participativas resultan insuficientes para romper el círculo de exclusión. El potencial de cambio se encuentra en la articulación de esfuerzos locales y nacionales, orientados a generar un nuevo pacto social basado en democracia sustantiva, equidad intergeneracional y sostenibilidad ambiental. El siglo XXI ofrece a Guerrero la oportunidad de transformarse en un laboratorio de innovación social, siempre que se logre vincular la cohesión comunitaria con instituciones sólidas y transparentes.
El estado de Guerrero se mantiene como un territorio paradigmático en el análisis de las desigualdades sociales en México. Su historia reciente revela un entramado de factores estructurales económicos, políticos, culturales y geográfico que han configurado un modelo de desarrollo profundamente desigual y excluyente. Las brechas en educación, salud, empleo, seguridad y acceso a la justicia no son producto del azar, sino de una continuidad histórica de políticas fragmentadas y de una débil institucionalidad estatal que ha limitado las capacidades de transformación social.
En el Siglo XXI, Guerrero enfrenta una oportunidad histórica para redefinir su rumbo. La emergencia de nuevos actores sociales, particularmente mujeres, juventudes y comunidades indígenas, ha dinamizado los procesos de participación ciudadana y ha puesto en cuestión los modelos tradicionales de poder. Las demandas por equidad, transparencia y justicia social están reconfigurando la agenda pública hacia un enfoque más incluyente y territorializado del desarrollo.
En este contexto, la transformación de Guerrero pasa por reconocer las desigualdades no solo como un problema económico, sino como un fenómeno multidimensional y político, que requiere estrategias integrales:
· Políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género.
· Inversiones sostenidas en educación, innovación y desarrollo rural.
· Gobernanza participativa que incorpore a las comunidades en la toma de decisiones.
· Fortalecimiento institucional y combate frontal a la corrupción y la impunidad.
El desafío no es menor, pero tampoco imposible. Guerrero puede transitar de la marginación estructural hacia un modelo de desarrollo inclusivo si logra articular su riqueza cultural, su capital humano y sus recursos naturales bajo una visión de largo plazo. El cambio no solo exige recursos, sino voluntad política, liderazgo ético y una ciudadanía empoderada que transforme la indignación en acción colectiva.
En suma, el Guerrero del siglo XXI se encuentra en una encrucijada decisiva: continuar perpetuando los círculos de desigualdad o construir las rutas hacia la equidad y la transformación social. La historia ofrece los aprendizajes; el presente, las herramientas; pero el futuro dependerá de la capacidad de sus instituciones y su sociedad para repensar el desarrollo desde la justicia social y la dignidad humana.
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